Son temas que llevan años -y, en algunos casos, décadas- en la agenda de la Legislatura. Representantes de distintos bloques políticos y de diferentes composiciones parlamentarias pusieron su firma a estos proyectos. Sin embargo, hasta el momento, son asuntos que no han llegado al recinto de sesiones. ¿Cambiará su suerte en 2022?

El cuerpo legislativo provincial viene de un año electoral, en el que los principales espacios compitieron tanto en las PASO de septiembre como en las generales de noviembre. Como es habitual en las épocas proselitistas, buena parte de los debates se circunscribieron a asuntos relacionados a la gestión. Así, la mayor parte de los temas "escabrosos" quedaron en el tintero.

En ese sentido, el proyecto que pica en punta apunta a resolver un viejo conflicto que genera recurrentes dolores de cabeza a los tucumanos: la crisis del transporte público. Hace tiempo que circula la idea en el ámbito político -en especial, entre las filas opositoras- de impulsar la estatización del servicio público de colectivos. Ahora, esta posibilidad cobró fuerza a partir del anteproyecto redactado por el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Arturo Juri (Frente de Todos). El texto, en principio, todavía no cuenta con estado parlamentario y no ha sido analizado por las comisiones pertinentes. Sin embargo, el oficialismo cuenta con los números necesarios para avanzar -con esta iniciativa o con otra diferente- cuando lo considere oportuno.

El segundo tema que permanece a la espera de ser debatido es la equidad de género en las listas de candidatos a cargos electivos provinciales. Estas iniciativas están en línea con la legislación vigente a nivel nacional, que establece la composición de las nóminas de postulantes a cargos parlamentarios con el orden mujer-hombre-mujer u hombre-mujer-hombre. Además, dispone que, en caso de vacancia, el reemplazante debe ser del mismo sexo que el o la representante saliente. En Tucumán, por el momento, rige la Ley de Cupo Femenino, que sólo garantiza un 30% de participación a las candidatas (con la integración de las boletas, por ejemplo, con hombre-hombre-mujer). Y no contempla la cuestión del género en caso de renuncia o licencia. De hecho, a partir de este sistema, la Legislatura provincial sólo cuenta con nueve mujeres en el recinto, contra 40 hombres. 

El tercer asunto de este listado también está relacionado a una reforma electoral, y está pendiente de debate hace más de 15 años: el voto electrónico. Con la última modificación a la Constitución provincial, en 2006, se incluyó un artículo que ordena "el sistema de votación electrónica, cuyas características serán establecidas por ley". A pesar de que distintos legisladores elevaron propuestas en este tiempo para avanzar con este mecanismo, el cuerpo colegiado dejó sin tratamiento cada una de las iniciativas. Así, al contrario de lo que sucede en Salta, en Tucumán se mantiene la modalidad tradicional de sufragio, con boletas y urnas. La cuestión es que, si bien el voto electrónico genera polémicas en varios lugares del mundo -se sospecha que los programas informáticos pueden ser manipulados para garantizar determinados resultados-, el texto constitucional vigente dispone este método para la participación democrática. Un dato a tener en cuenta es que, si el oficialismo abre la puerta a cualquier reforma en el sistema electoral, debería darse a lo largo de este año: en 2023 se celebran los próximos comicios provinciales, y no habrá demasiado margen para cambiar las reglas con el proceso de renovación de cargos en marcha.

El cuarto tema pendiente de discusión en el ámbito legislativo es la prohibición del uso de vehículos impulsados por animales, conocidos como "tracción a sangre". Hace décadas que distintos legisladores han elevado sus propuestas con este objetivo. En los últimos años, los reclamos de organizaciones animalistas han ido in crescendo. Si bien muchas de las iniciativas sobre este tema han perdido estado parlamentario, en mesa de entradas de la Legislatura hay textos que sí están en condiciones de ser abordados por las comisiones correspondientes, para luego ser debatidos en el recinto de sesiones.

La quinta materia que "adeuda" el cuerpo colegiado puede ser considerada a modo de "batería": la ética pública y el acceso a la información pública. Si bien se trata de normativas que se encuentran vigentes en el ordenamiento nacional, Tucumán no cuenta con leyes de adhesión ni con sistemas propios que determinen códigos de conducta en la función pública, ni que permitan a la ciudadanía conocer y obtener documentación relacionada a la administración de los bienes estatales. El dato curioso con relación a este asunto es que tanto legisladores del oficialismo como de la oposición han propuesto en sucesivas conformaciones legislativas diferentes proyectos de ética pública y de acceso a la información pública. En todos los casos, los textos ingresaron por mesa de entradas, pero no fueron tratados por las comisiones permanentes de la Legislatura provincial. ¿Se dará en 2022?